Ya se cumplieron varias semanas desde que los medios de comunicación coparon las agendas informativas con la llamada “Ley de Medios” o ley de radiodifusion (lo cual no debe sorprendernos teniendo en cuenta la gran cantidad de intereses que se ponen en juego), incluso hoy la noticia principal parece ser el inicio del debate en el parlamento mediante las audiencias públicas.
Desde aquel 18 de marzo en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentara el anteproyecto de la ley que dio a llamar “Servicios de Comunicación Audiovisual” (SCA), buscando la reglamentación, el reordenamiento, y para muchos el “control” de la distribución y el negocio de los medios audiovisuales, el tema logró instalarse mediaticamente.
Lo cierto es que nadie quedó afuera del debate que terminó por instalarse en los medios, en las facultades de comunicación, y hasta en las charlas de café, donde sorpresivamente, y al menos para mí, muchos hablan desde el desconocimiento, la falta de información y hasta el desinterés por tratar de leer entre líneas lo que muchos medios publican.
Quizás sea un mal que no sólo estamos palpando hoy en este tema en particular, aunque paradójicamente sumergidos en un aspecto que toca directamente a la distribución de la información, pero logra sorprenderme en muchas situaciones cómo nos muestran la realidad de manera sumamente subjetiva y que muchos no logran hacerse eco de ello.
Cuando decidí escribir este post acerca de la ley de medios y el debate casi popular que esto ha despertado, creí importante clarificar los puntos de mayor importancia en la ley.
Por un lado, y como uno de los puntos de mayor interés y en el cual se ponen en juego abultadas sumas de dinero, la ley de medios busca regular el llamado “Triple Play” (es decir el servicio de telefonía, Internet y televisión, todo en un mismo paquete), un negocio, que según leí en muchos medios web, está estimado en unos 15 mil millones de pesos al año.
Los intereses de tres grandes grupos son los que entrarían a competir: Telecom, Telefónica y el Grupo Clarín. El punto clave en este aspecto, es que a partir de la sanción de la ley, las empresas de servicios públicos, en este caso las dos primeras, podrán comenzar a ofrecer servicios de radiodifusión, eliminando así la actual prohibición en este aspecto.
En segundo término la Ley regulará la adjudicación de licencias de señales, impidiendo, por ejemplo, que una empresa logre tener licencias de cable y a su vez canales de aire, limitando, de esta manera, el poder de los multimedios. Sin dudas, uno de los puntos que mas exaspera a quienes hoy controlan gran parte de la programación, tal es el caso del Grupo Clarín, y que, por otra parte, es el arma principal de quienes se muestran a favor de la ley que el gobierno propone para la regulación de medios.
Siguiendo en esta línea, en caso de que la ley consiga el visto bueno luego de los debates, por ejemplo, el Grupo Clarín deberá desprenderse de la señal de Canal 13 en caso de querer conservar Cablevisión y Multicanal.
A este aspecto se debe sumar que la ley limita la cantidad de abonados que pueden sumarse al servicio: el 35% del total de usuarios (hoy Multicanal suma el total del 40% de los abonados a nivel nacional).
En tercer lugar, y quizás el punto que debería ser debatido con mayor énfasis y profundidad, tiene que ver con la creación de una autoridad regulatoria que revisaría cada dos años las condiciones bajo las cuales son entregadas las licencias.
Sin dudas que este punto es el que mayores inseguridades despierta ante los comunicadores y los medios, que en muchos puntos temen por la libertad con la cual contarán a la hora de expresar opiniones. El temor del control sobre las editoriales de los medios es casi generalizado, ya que al momento en el cual las licencias deban ser renovadas, los gobiernos de turno podrían ejercer control sobre los contenidos que los medios ponen en agenda, dependiendo de ello la renovación o no de los permisos.
Debemos tener en cuenta entonces, que las leyes suelen ser buenas y hasta necesarias, el problema entonces es quiénes están detrás de ellas.
La ley de medios, además, prevé la creación de lo que se llamará la “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”, un organismo que terminará por reemplazar al Comfer y que quedará en manos de la Secretaría de Medios de la Nación, es decir, en poder del Estado.
Ahora bien, lo que el proyecto de ley no prevé, y lo cual despierta aún más críticas, es la regulación de las pautas oficiales que el Estado destina a determinados medios de comunicación. Es sabido que los gobiernos determinan los montos y las pautas oficiales en los medios que son afines a sus gestiones y determina a dedo quienes serán los beneficiarios de ellas y quienes no (tal como es el caso del diario Perfil que luego de mucho tiempo recién en febrero de este año logró, mediante un dictamen de la justicia, la publicidad oficial).
Cuestionamientos
En muchos de los debates en los que se habla acerca del tema, se toma como punto de conflicto el momento en que la ley se envía al parlamento para ser discutida y, por otra parte, el enfrentamiento más que evidente entre el Grupo Clarín y el actual gobierno, entre muchos de los puntos mencionados antes.
Ahora bien, no debemos dejar de lado los dos aspectos básicos bajo los cuales establecer una mirada crítica. Por una parte debemos tener en cuenta la “tecnicidad” que propone la ley presentada por el Gobierno; y por otra, dejar de lado la inocencia y tener en claro el contexto político, el enfrentamiento que hay para con algunos Grupos y el interés que se tiene desde siempre por controlar las voces de quienes nos informan.
Es cierto que es necesario el debate de una nueva ley, teniendo en cuenta las innovaciones que los medios de comunicación viven en la actualidad, el avance de Internet, los teléfonos celulares, el futbol codificado, etc.
La Ley actual (22.285) fue promulgada por el gobierno militar a cargo de Jorge Rafael Videla y, además, lleva las firmas de José Martinez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. Es decir, entonces, que las regulaciones en los medios de comunicación, y a pesar de las modificaciones que puedan haberse realizado, se establecen teniendo en cuenta una promulgación realizada en 1980, donde no existían los medios tales como son entendidos en la actualidad, ni mucho menos los grande grupos que hoy están en escena.
Por otra parte, el contexto político bajo el cual fue lanzado el proyecto habla de un momento de campañas electorales, donde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o al menos Néstor, se jugaban el todo por el todo. El mismo contexto bajo el cual se da a conocer lo que sería el tratamiento de la Ley de Medios.
Muchos analistas (entre ellos periodistas) coinciden en que esta Ley apunta directamente a la desaparición de los monopolios empresariales (lo cual es un dato evidente), y, sobre todo, apunta directamente al corazón del Grupo Clarín, donde la batalla, que comenzó con acalorados discursos del ex presidente Néstor Kirchner, parece hoy deliberarse mediante estrategias legales.
De este punto también se desprenden fuertes críticas hacia el tratamiento y las informaciones que los medios están publicando al momento de exponer estos temas a la sociedad. También debemos ser claros y tener en cuenta que no sólo el gobierno puede presionar sobre lo que los periodistas dicen, publican u omiten, sino que también los intereses de los grande grupos empresariales son factores que establecen las reglas de juego.
La importancia del establecimiento de leyes y regulaciones no es menor, pero tampoco es menor el tener en claro quiénes están detrás de ellas y cómo se aplicarán al momento de "controlar" a los medios de comunicación que no deben ser otra cosa que un servicio a la sociedad.
En horas de la tarde noche del lunes se pudo ver en los cielos de toda La Pampa, y según se supo después, en parte de la provincia de Mendoza, un extraño fenómeno en el cielo, una especie de nube que logró llamar la atención de todos los pobladores.
Fotografía tomada en Rancul, La Pampa
